6. Y ahora ¿qué?

Siempre nos quedará París (o el contencioso)

Si has llegado hasta aquí, se supone que ya estás “oficialmente” sancionada desde que te fue notificada la Resolución, y que has impugnado la misma a través del recurso de alzada que acabas de presentar.

Con el recurso de alzada se agota la vía administrativa, lo que significa que, si te lo desestiman y quieres seguir peleando tu multa, no te quedaría otra que llevarla ante un Juez, en un procedimiento llamado contencioso-administrativo, en el que necesitarás de un/a abogado/a. Este Manual desgraciadamente todavía no llega hasta el procedimiento contencioso-administrativo, aunque vamos a plantearte las distintas opciones que tendrías.

Lo primero que debes saber es que, teóricamente hasta que no te notifiquen la resolución del recuso de alzada, no pueden cobrarte la multa, ni embargarte cuentas corrientes o nóminas (algunas veces esta regla no se cumple, pero es muy excepcional y suele deberse a que el recurso no se presentó en fecha o a que realmente han contestado pero la respuesta no le ha sido notificada a la persona sancionada porque, por ejemplo, se ha cambiado de domicilio). Es bastante habitual que o bien nunca respondan o bien lo hagan pasados muchos meses.

Por lo tanto, una primera opción es esperar y tener fe en que nunca llegue la contestación a tu recurso de alzada.

Por otro lado, la legislación te permite, si así lo deseas, considerar que si en el plazo de TRES MESES desde que presentaste el recurso de alzada no te han contestado, es que te desestiman el recurso (esto se conoce como “silencio administrativo”). Esto te permite no tener que estar a expensas de que te conteste el Ministro del Interior para poder llevar tu multa ante un Juez para que decida si es o no ajustada a Derecho.

Por lo tanto, una segunda opción es que si han pasado tres meses desde que presentaste el recurso sin saber nada, o bien te han contestado desestimándolo, es interponer una demanda contenciosa-administrativa, lo que supondrá que un Juez del Juzgado Contencioso-administrativo valore si la sanción es o no ajustada a Derecho. Como ya hemos dicho, para ello es obligatorio que lo hagas con abogado/a, y debes tener en cuenta además estos factores:

1. La justicia gratuita. Es un derecho que tienen las personas con escasos recursos. El contenido del derecho es, básicamente, disponer de abogado/a de oficio y evitarte pagar ciertos gastos asociados al procedimiento. Para ver si tienes derecho a justicia gratuita, míralo en esta página Web (opción “simulador económico”).

Ten en cuenta que sólo puedes incluir las hijas menores de edad (así, por ejemplo, una hija de 20 años que viva contigo y no trabaje, aunque la estés manteniendo, no te cuenta como hija a tu cargo).

2. Las tasas judiciales. Dicho de un modo vulgar, es el precio que te cobran por entrar por la puerta del Juzgado a presentar una demanda. Las personas que tienen derecho a justicia gratuita no pagan tasas judiciales. Tampoco se pagan tasas judiciales cuando acudes a los tribunales a impugnar una multa antes de que el Ministro del Interior haya contestado al recurso de alzada (por silencio administrativo). En una multa de 300 euros, las tasas ascienden a 150 euros. En una multa de 500 ascienden a 200 euros.

3. La condena a costas. Cuando alguien pierde un juicio le suelen “condenar a costas”; es decir, a pagar los gastos que haya hecho la parte contraria (por ej. los honorarios de sus abogadas). Es decir, si acudimos a juicio a demandar a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior y perdemos el juicio, te pueden condenar, además del pago de la multa, a pagar los honorarios del abogado del Estado (100 euros en una multa de 300 euros y 160 euros en una multa de 500). Ahora bien, las personas que tienen derecho a justicia gratuita no están obligadas a hacer ese pago (salvo que en los siguientes tres años vengan a “mejor fortuna”).

La tercera opción que tendrías es que si recibes la resolución del Ministro del Interior diciendo que te desestiman (pierdes) el recurso, decidas pagar la multa.

Por último, debemos comentarte que existe un procedimiento contencioso-administrativo especial, llamado de Protección de Derechos Fundamentales, en el que lo que se valoraría no es si tu sanción es o no ajustada a Derecho, sino si la sanción vulnera alguno de tus derechos fundamentales. Al tratarse de derechos fundamentales, es un procedimiento con unos plazos muy específicos y más cortos. Este procedimiento es recomendable cuando la sanción impuesta vulnera claramente un derecho fundamental, pero te aconsejamos que lo estudies con un/a abogado/a.

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